El colectivo de interinos en España viene impactado por años de precariedad laboral, lo que ha dado lugar numerosos debates en el sector gubernamental y ciudadano.

Los trabajadores interinos se encuentran con una situación de inestabilidad, dada la temporariedad de sus puestos. A pesar de su esfuerzo y trabajo, siguen siendo considerados como personal temporal, sin una garantía definida de estabilidad laboral.

A lo largo de los años, las administraciones españolas han propuesto múltiples iniciativas para abordar este problema. Sin embargo, gran parte de estas iniciativas no han conseguido solucionar el problema de fondo, provocando que los interinos continúen trabajando en condiciones precarias. El último plan, conocido como el "Icetazo", buscaba reducir la temporalidad en el sector público, pero no ha conseguido mejorar la situación de todos los interinos.

Uno de los puntos controversiales de la situación de los interinos es la falta de mecanismos transparentes para acceder a una plaza fija. Frecuentemente, se señala que los interinos llevan años en sus puestos, pero no tienen la oportunidad de ser nombrados de manera definitiva, lo que crea una sensación de descontento. Se ha denunciado que una parte significativa de los interinos están cubriendo puestos estructurales que, en realidad, deberían ser de carácter fijo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido un actor clave en la defensa de los derechos de los interinos en España. Este órgano judicial ha afirmado que el abuso de la temporalidad es incompatible con el derecho comunitario. A raíz de estas decisiones, el here gobierno español se ha visto obligado a introducir cambios en sus políticas. No obstante, estos cambios no han logrado resolver por completo la problemática.

Otra de las principales inquietudes de los interinos es la ausencia de reconocimiento a su carrera profesional dentro del sector público. Muchos de estos trabajadores han dedicado años al servicio público, pero siguen sin obtener ventajas que sí tienen otros empleados con empleo fijo.

Para muchos, la solución a este problema pasa por el proceso de conversión de estos trabajadores temporales en empleados fijos. Sin embargo, algunos sectores sostienen que dar prioridad a los interinos sin un proceso selectivo sería injusto, y que debe mantenerse la equidad de acceso para todos los ciudadanos.|Por otro lado, hay quienes piensan que una estabilización sin oposición podría comprometer el principio de justicia en el acceso a la función pública.}

En conclusión, el grupo de trabajadores temporales en España sigue padeciendo las secuelas de una deficiente gestión por parte las autoridades, y es necesario adoptar medidas efectivas. El futuro de estos profesionales depende de las reformas que se implementen en los próximos años, por lo que será crucial ver cómo se desarrollan las políticas a este respecto.